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Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELROM)

La Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias fue adoptada, como convención, el 25 de junio de 1992 por el Comité de Ministros del Consejo de Europa y fue firmada por el Gobierno español el mismo año 1992, aunque el instrumento de ratificación no se depositó al consejo de Europa hasta el 2001. Entró en vigor el 1 de agosto de 2001.

La Carta es un tratado internacional, ratificado por el Estado español, que de acuerdo con lo que establece el artículo 96 de la Constitución, ha pasado a formar parte del ordenamiento jurídico español. Pretende ser la base sobre la que se pueda organizar la protección y el fomento de todas las lenguas regionales o minoritarias tradicionales de Europa, ya que cada lengua forma parte de la diversidad lingüística de Europa y todas estas contribuyen «al mantenimiento y al desarrollo de las tradiciones y la riqueza culturales de Europa».

En el instrumento de ratificación España declara que se entienden por lenguas regionales o minoritarias las «lenguas reconocidas como oficiales en los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas del País Vasco, Cataluña, Islas Baleares, Galicia, Valencia y Navarra»; y aquellas que «los estatutos de autonomía protegen y amparan en los territorios donde tradicionalmente se hablan».

La Carta tiene dos grupos de compromisos:

1. Los que se incluyen en la parte II, que afectan a todas las lenguas regionales o minoritarias de un estado y que contienen una lista de objetivos y principios en que el Estado debe basar sus políticas, su legislación y sus prácticas.

2. Los que se incluyen en cuya parte III, de los que el Estado debe elegir «a la carta» un número determinado (por lo menos, 35).

La parte IV de la Carta regula el mecanismo de control de los compromisos. De acuerdo con el procedimiento que la misma Carta prevé para evaluar el cumplimiento de sus disposiciones, los gobiernos de los estados miembros que la han ratificado deben enviar trienalmente un informe sobre las medidas tomadas para su cumplimiento. Este informe, junto a los informes que con la misma periodicidad entregan otras instituciones no gubernamentales dedicadas al fomento y la difusión de estas lenguas, las ampliaciones de información que solicitan y, en su caso, la información obtenida in situ por los observadores y expertos delegados, sirve al Comité de Expertos previsto al artículo 17 de la Carta para emitir su informe de evaluación y la propuesta de recomendaciones que presenta al Comité de Ministros del Consejo de Europa.

Desde 2002 el Estado español ha presentado cuatro informes el último de los cuales corresponde al período 2010-2013. En estos momentos las comunidades autónomas ya han enviado al Estado la información correspondiente al período 2013-2016, que éste debe tratar para enviar el informe al Consejo de Europa.