Normativa estatal

Según promueve la Ley 25/2013 de 27 de diciembre el uso de la factura electrónica será el generalizado para los proveedores en su trato con las administraciones públicas, y para ello utilizarán la plataforma FACE.

El Artículo 4 de la ley 25/2013 de 27 de diciembre establece que todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la Administración Pública podrán expedir y remitir factura electrónica. En todo caso, estarán obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación a través del punto general de entrada que corresponda las entidades siguientes:

a) Sociedad anónimas;

b)Sociedad de Responsabilidad limitada;

c)Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica sin nacionalidad española;

d)Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que establece la normativa tributaría;

e) UTE;

f) Agrupaciones de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fundes de Pensiones, Fundes de capital riesgo, Fundes de Inversiones, Fundes de utilización de activos;Fundes de regularización del mercado hipotecario, Fundes de *titulització hipotecaría o Fundes de garantía de inversiones.

No obstante las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación de factura electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros y a las emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior de las Administraciones Públicas hasta que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del Punto general de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios.

Normativa de la Comunidad Valenciana

Según la Disposición Adicional Segunda de la LEY 13/2016, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, se establece que hasta que se produisca el despliegue reglamentario al que se refiere el párrafo tercero del artículo 4 de la ley de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, quedarán excluidas de la obligación de facturación electrónica las facturas de proveedores de bienes y servicios de la Generalitat el importe de las cuales no supero los 3.000 euros.